Nueva constitución, nueva ciudadanía y educación superior

Por Guillermo Castro Palacios (Académico de la UMCE, miembro de la Mesa Técnica de Ciudadanía del CUECh.)

La crucial coyuntura que se juega el 4 de septiembre de 2022 con el plebiscito de salida para aprobar o rechazar una nueva constitución para Chile, es una de un conjunto de estaciones que han dejado aprendizajes y también una serie de desafíos al conjunto de  nuestra sociedad.

Uno de ellos, y no menor por cierto, es aquel que plantea la necesidad de transitar a una nueva concepción de ciudadanía, alojada en la perspectiva de la inclusión, la plurinacionalidad, imaginada y concebida como un espacio común para las más diversas diferencias, que tome distancia de una mirada alojada en la dualidad estado-nación como constitutiva de esta y que, a diferencia de ella, pueda hacerse cargo de los “nuevos” fenómenos identitarios colectivos, visibles y evidentes para el conjunto de la sociedad chilena.

Es en este contexto que es imprescindible volver a definir, resignificar y re-orientar la formación para la ciudadanía en los diferentes niveles del sistema educativo y concebida como una temática transversal para la sociedad chilena en su conjunto. La relevancia de este esfuerzo no parece menor, especialmente si consideramos que el sostenimiento de dicha concepción de ciudadanía incorpora a actores y actoras que no estaban contemplados hasta ahora en dicha concepción en su versión más tradicional –asociada principalmente con una ciudadanía restringida, históricamente masculina, vinculada al ritual periódico de las elecciones y legitimadora de un sistema político que -al menos dentro del periodo denominado transición-, ha dejado en evidencia sus limitaciones y vacíos. Los derechos de la mujer y las disidencias sexuales, la visibilización de los pueblos originarios como sujetos de derecho, la ciudadanía como un concepto construido socialmente y que involucra el rol activo de niñas, niños y adolescentes –solo por nombrar a algunos nuevos sujetos, nos plantea desafíos de una naturaleza diametralmente distinta a la de una concepción tradicional, limitada al cumplimiento de la mayoría de edad y al acto político periódico de la representación electoral.

En la tarea antes descrita, la formación de profesionales, artistas y científicos juega un rol especialmente relevante, más si dicha formación la imparten las universidades del Estado. La misión de reconfigurar la noción de ciudadanía, no es asignable a una determinada profesión o a un área específica del conocimiento, sino que asume la condición de ser una tarea país, estrechamente vinculada a un proyecto común diverso pero integrado y lleno de múltiples miradas. En ese proceso, -el de integrar la formación para la ciudadanía a la formación de las más diversas profesiones-, las universidades del Estado recuperan también la imprescindible necesidad de un proyecto formativo común, propio de su naturaleza y su condición y permanentemente invisibilizado por las obligaciones de un mercado cruel, que las ha llevado a competir de manera desigual con instituciones cuya existencia legítima, responde a una naturaleza diferente en cuanto a propósito y necesidad.

Es de esperar que las instituciones estatales estén a la altura de este desafío que reconfigura el sentido social y lo común como propósito colectivo.